La audiencia celebrada en el marco del denominado Caso Rusia reveló tensiones entre los familiares de los afectados y un grupo de incidentistas que buscaban anular el proceso judicial. Según la voz de Víctor Hugo Velasco, presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, el objetivo de estos incidentes era invalidar el trabajo de la fiscal Giovanna Castro y del investigador teniente Mamani, quienes encabezan las pesquisas sobre la presunta trata y tráfico de ciudadanos bolivianos hacia Rusia.
Velasco denunció que los incidentistas alegaron abusos y supuestas irregularidades, pero ni siquiera se presentaron a la audiencia. El juez, tras valorar las pruebas, ratificó la validez de las investigaciones y rechazó los intentos de paralización. “Querían liberar a todos los implicados y echar por tierra el trabajo de la fiscal y del investigador”, afirmó.
Los familiares, presentes en la audiencia, relataron que en ocasiones anteriores fueron eliminados de las sesiones virtuales, al igual que representantes de Derechos Humanos. Señalaron además que algunos de los acusados recibieron dinero de Rusia para reclutar personas con engaños, y que actualmente cinco de ellos tienen mandamiento de apremio.
La fiscal Castro confirmó que el Ministerio Público respondió a los incidentes por “defectos absolutos” y que será el juez quien defina la convalidación o no de los argumentos. “Pretenden que todo lo investigado quede sin efecto, incluso los allanamientos realizados”, explicó.
Mientras tanto, los familiares exigieron al Gobierno y a la Cancillería acciones concretas para repatriar a los heridos y desaparecidos. “Hace más de tres meses no sabemos nada de nuestros seres queridos. Es increíble que no tengamos apoyo del Gobierno”, reclamó una madre durante la audiencia. Otro familiar recordó el lema oficial: “Donde esté un boliviano, está la patria”, cuestionando la falta de respuesta estatal.
El caso sigue abierto y se perfila como un conflicto de derechos humanos y de responsabilidad diplomática, con denuncias de trata de personas y reclutamiento forzado. La presión de los familiares y de organizaciones civiles busca evitar que la investigación quede en la impunidad y que los bolivianos afectados puedan regresar a su país.
Justicia.
Santa Cruz.
ANN Noticias.